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Ecuatorianas y ecuatorianos: Tukuy kai mama pachapi tantanakushka ayllukuna: SILVIA SALGADO ANDRADE ASAMBLEÍSTA NACIONAL 
Partido: Movimiento PAIS/PS-FA
Cargo:Presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político
Comisión: Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa RENDICIÓN DE CUENTAS En las elecciones de abril de 2009; el Movimiento País, en alianza electoral con el Partido Socialista Frente Amplio, en mi calidad de su Presidenta Nacional; auspicio mi candidatura a la Asamblea Nacional. En el proceso electoral, nuestra propuesta para el trabajo legislativo fue, entre otras: la construcción de las leyes con la más amplia participación ciudadana y en particular la protección y la creación de plazas de empleo para enfrentar la crisis económica; la garantía a la seguridad social, educación, vivienda y, salud para la vida y para construir un Ecuador equitativo; la búsqueda de la soberanía alimentaria plena; el apoyo a fortalecer los gobiernos seccionales autónomos y la consolidación de la integración latinoamericana como mecanismo para enfrentar en mejores condiciones la globalización mundial. Gracias a un multitudinario apoyo popular; al Proyecto Político de cambio que se concreta en materializar a través de las leyes, la nueva Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano, en la actualidad, ocupo una de las curules de la Legislatura, alta dignidad que ostento a favor de las grandes mayorías. En la integración de las comisiones de la Asamblea Nacional, fui designada presidenta de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político; e integrante de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. En este primer año de la inaugural Asamblea Nacional, si bien es cierto que existieron algunos obstáculos en la labor del Parlamento, no es menos verdadero que muchos sectores políticos y en particular los socialistas hemos priorizado objetivos fundamentales: La reforma institucional del Estado , la protección y ejercicio de los derechos que establece la Constitución, la inversión productiva , la redistribución de la riqueza, la soberanía alimentaria, todo ello como garantía del buen vivir para ecuatorianos y ecuatorianas. Luego de un año de labores, más allá que el artículo 127 de la Constitución de la República y el artículo 110 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa disponen la rendición de cuentas del período mencionado; hay razones éticas, morales y revolucionarias para hacerlo; en mis calidades de Asambleísta Nacional, Presidenta de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político, y Vocal de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa; pongo, a vuestra consideración, el siguiente informe de labores.
FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO. 
Nuestro régimen constitucional y legal vigente, contempla tres mecanismos especiales de fiscalización y control político: El requerimiento de información documental a todo servidor y servidora pública (art. 120, núm. 9 de la CPE); la comparecencia a la Asamblea Nacional o a sus Comisiones (art. 76 de la LOFL), y el proceso de enjuiciamiento político (art. 131 de la CPE). La institución del juicio político , consiste en un proceso que tiene por efecto la remoción del cargo de funcionarios públicos, por incumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, en el marco del cual se le reconocen las garantías de defensa en juicio y los derechos ligados al debido proceso. La Comisión de Fiscalización y Control Político tiene como responsabilidad el proceso de sustanciación del juicio político, el mismo que valora las pruebas que lo sustentan, la calidad y pertinencia de las acusaciones formuladas, otorgando a la Comisión la potestad de archivar la solicitud de juicio político a criterio de la mayoría de integrantes (seis votos). Así de los siete procesos de sustanciación de juicio político, tramitados por la Comisión de Fiscalización bajo el marco regulatorio vigente cinco fueron ARCHIVADOS , uno sin resolución, y el último fue impedido de ser tramitado. Este diseño de fiscalización , no ha posibilitado que el Pleno de la Asamblea conozca o debata sobre ningún caso de fiscalización. Esta facultad de archivar de la Comisión , sin que conozca el Pleno de la Asamblea , ha sido utilizados por sectores políticos de oposición al régimen , para aseverar que no existe fiscalización y acusar al gobierno de actos de corrupción y de configurar en el imaginario ciudadano, complicidad o dudas sobre las actuaciones de una Comisión de Fiscalización , con una clara mayoría identificada con el Poder Ejecutivo.
RESULTADOS: 1.-Esta problemática, ha merecido que en uso de mis facultades presente una REFORMA URGENTE A LA LEY , para supèrar esta situación de bloqueo institucional, y sea el Pleno de la Asamblea , es decir los 124 Asambleístas decidan sobre la pertinencia del juicio político y no una mayoría de una Comisión de Fiscalización. De igual forma vacios de la ley como el caso del voto dirimente de la Presidenta, es inconcebible que solo se pueda dirimir cuando la Comisión este integrada por numero par debe ser reformado y evitar el entrampamiento legal por sobre el interés mayor la fiscalización. Hoy está ya en Segundo Debate ésta Reforma a la Ley. 2.- Si bien ninguna de las peticiones de enjuiciamiento político concluyó con la censura y destitución del funcionario público encausado; en 51 convocatorias a sesiones de la Comisión de Fiscalización, 4 reuniones de trabajo y trámite de 112 denuncias; la fiscalización se plasmó en algunos importantes logros: El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió a pedido de la Comisión analizar y elaborar con prioridad los proyectos de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Ley General de Seguros, Ley 122 sobre la bonificación a los educadores comunitarios, y se elabore una nueva ley energética. Acciones de investigación en Fiscalía y exámenes especiales y auditorias de la Contraloría General del Estado en : Compañía de Seguros Sucre S.; Declaración de “Ecuador Patria Alfabetizada”, Caso DINSE, Plan Vial “Relámpago” , Cuarto Puente en Guayas, Seguros y Contrato Compra de Aviones, Represa Hidro-Pastaza- Caso Odebretch, etc.
Control Político: Pago al Magisterio del Bono de Frontera Septiembre-Diciembre 2010; Intervención del INDA (Seguimiento y Denuncias de irregularidades en legalización de la tierra), Cumplimiento de Contratos Colectivos, sentencias y derechos laborales ; Correctivos institucionales en defensa derechos de las mujeres y contra la discriminación , entre otros.
ACERCA DEL TRÁMITE Y APROBACIÓN DE LEYES
1.-En la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, de la que formo parte, participé en el análisis y la elaboración de los informes de los proyectos de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en trámite para Segundo Debate; y la Ley Orgánica Reformatoria al Mandato Constituyente N° 10 que permitió viabilizar la PORTABILIDAD NUMERICA hoy operando en el país.
2.-En mi calidad de Asambleístas Nacional presenté los proyectos de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, Ley que Garantiza la Seguridad Social a la Mujeres que Realizan Trabajo Doméstico no Remunerado, y Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (respecto a la consulta pre legislativa y a democratizar las decisiones acerca de fiscalización);
3.-La participación en la construcción, debate y aprobación de las leyes es una responsabilidad de los y las Asambleístas, por tanto el aporte está expresado en la incidencia a los contenidos de las leyes a través de observaciones , análisis , fundamentaciones y propuestas alternativas en particular se ha participado y apoyado positivamente en la aprobación de 23 LEYES:
LEYES APROBADAS
Los procedimientos y los plazos para aprobar las leyes está establecido en la ley orgánica de la Función legislativa en función de aquello al cabo de un año se han aprobado las siguientes leyes: Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, Ley Orgánica del Régimen Tributario ; Ley Orgánica de Servicio Público; Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Prendas Especiales de Comercio , Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público; Ley Orgánica Reformatoria al Mandato Constituyente N° 10, Portabilidad Numérica.
Ley de Participación Ciudadana, Ley Orgánica de Educación Superior; Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, Ley que legaliza tierras en Atucucho, ley para crear el banco del IESS.
Ley Orgánica de Educación General Intercultural; ;(Segundo Debate) Ley de Cultura;(Segundo Debate) Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;(Segundo Debate) Ley Orgánica que Regula los Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua(Segundo Debate) Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social;(Art. 234 Para Incremento de la Pensión de Jubilados y Montepío) ;(Segundo Debate). Ley de Comunicación(Segundo Debate)
Observaciones al Proyecto Económico Urgente de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos (Vigente por Ministerio de la Ley)
APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES: Como aporte al proceso de integración regional y subregional: TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNASUR , TRATADO PARA LA CREACION DEL BANCO DEL SUR , y TRATADO PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA UNICO DE COMPENSACION REGIONAL SUCRE.
PARTICIPACIÓN EN GRUPOS PARLAMENTARIOS
Como mujer socialista que creó en la Revolución; he impulsado y participé en la conformación del Grupo Parlamentario de Amistad Ecuador-Cuba, y en el Grupo Parlamentario de Amistad Ecuador-China; debiendo desarrollar una Agenda de intercambio, solidaridad e impulso a la cooperacion mutua entre los parlamentos de estos países amigos en particular con Cuba con quienes insistiremos ante EE.UU. el inmediato cese del bloqueo económico y la libertad de los cinco héroes cubanos detenidos ilegalmente en ese país.
PARTICIPACIÓN PERMANENTE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Esta responsabilidad lo he desarrollado de manera diaria a través de entrevistas y programas de análisis en medios de comunicación que ha permitido visibilizar el trabajo y la acción parlamentaria.
“Hasta la victoria siempre” Silvia Salgado Andrade Asambleísta Nacional
GESTIONES PARLAMENTARIAS
IMPUESTO A TIERRAS RURALES DEBE SUSPENDERSE El colectivo socialista bajo la coordinación de Silvia Salgado, viene participando desde el mes de mayo de 2010, en la discusión con organizaciones campesinas de la FENOCIN, del Seguro Social Campesino, asociaciones de productores del noroccidente de Pichincha, sobre la aplicabilidad de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, específicamente en lo relacionado al Capítulo III referente al pago del Impuesto a las tierras rurales. Varios problemas hacen inaplicable dicha Ley.
Con fecha 29 de junio el Pleno de la Asamblea Nacional trató una propuesta para reformar el Orden del día de la sesión del Pleno No. 47, encaminada a aprobar una Resolución para suspender la aplicación de la Ley en mención; sin embargo y pese al voto de los socialistas no se obtuvieron los votos necesarios. Se ha trabajado y logrado la suspensión del Cobro y se ha presentado el proyecto de reglamentación .
FORO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMAS DE LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL La Asambleísta socialista Silvia Salgado, promovió el viernes 9 de Julio del 2010 en Ibarra, la realización de un Foro de Socialización del Proyecto de Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En igual forma participó en la ciudad de Loja con los Asambleístas de la Comisión de Desarrollo Económico. Entre los principales temas abordados: la nueva institucionalidad de regulación y control del tránsito terrestre; las nuevas competencias en materia de tránsito y seguridad vial que deben ser asumidas por los gobiernos locales; el sistema de infracciones y sanciones, Revisión del Sistema de Puntajes , la nueva regulación sobre los institutos y centros de Formación de Conductores Profesionales, Reformulación del SOAT,etc.
POR QUE LOS SOCIALISTAS VOTAMOS POR EL NUEVO CÓDIGO TERRITORIAL (COOTAD) Históricamente los criterios para la asignación de recursos, así como el reparto de la riqueza nacional, no respondían a principios de equidad social ni territorial, estos se manejaban a través de las pre asignaciones y parámetros con fuertes componentes políticos y demagógicos, lo que conllevó a una concentración de los recursos en ciudades, sectores y grupos identificados con los gobiernos de turno.
El COOTAD- Código de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización, pretende eliminar las inequidades que actualmente existen en la distribución de las rentas a gobiernos locales, bajo los principios de solidaridad, subsidiaridad y equidad territorial, los cuales están enmarcados en la Constitución vigente, y propone un esquema de asignación de recursos considerando las necesidades básicas no satisfechas, la extensión territorial, la población de cada sector, la medición del índice de planificación y la capacidad fiscal de los GADs; sin embargo hacemos pública nuestra preocupación que la variables de capacidad fiscal y administrativa implique un incremento, de tasas o gravámenes de los GADs a los habitantes de sus Circunscripciones Territoriales o un ajuste en gastos administrativos impliquen medidas que afecten a los trabajadores de dichas instituciones.
Rescatamos la participación de Organizaciones como el CONCOPE, AME, CONAJUPARE y CONBADE, en el debate del COOTAD, por medio del cual se llegó a importantes consensos que fueron incorporados en el segundo debate, de manera especial el pronunciamiento de Organizaciones vinculadas a las comunidades, pueblos y nacionalidades que han vigilado el cumplimiento de los derechos colectivos y han encontrado un camino de legitimidad sobre la posibilidad de realizar una consulta pre legislativa.
Por las razones expuestas, los Socialistas votamos a favor del nuevo Código Territorial, por considerar que este recoge en su esencia las aspiraciones postergadas de nuestro pueblo y permite vislumbrar un país con mayor equidad y justicia social.
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR El Colectivo Socialista desde el inicio del debate del proyecto de la ley de Educación Superior se interesó en hacer las observaciones, aportar al debate y a la aprobación de la ley. Asumió las propuestas del Sistema de Educación Superior y demandó el diálogo social como mecanismo para llegar a acuerdos. Hemos hecho pública nuestra posición de decirle al país por qué NO votaríamos por el Proyecto enviado por el SENPLADES y que era necesario reconsiderar en sus contenidos y en su estructura.
Para los socialistas es una obligación moral y política en este momento histórico para el país, tener una posición de firmeza y de coherencia frente al debate y aprobación de la Ley de Educación Superior. Es así que los votos socialistas aportaron a la aprobación de la ley luego que se atendieron más de 40 observaciones.
La Ley aprobada establece los Ejes Básicos para democratizar la Universidad y para mejorar el nivel académico, dependerá no únicamente de la ley , sino del compromiso de la propia Universidad para garantizar ante todo los derechos de los estudiantes y una respuesta al país.
Los socialistas en definitiva hemos cumplido no a sumar votos, sino a incidir en el contenido asumiendo las propuestas de los universitarios y dar en definitiva una Ley la mejor posible aunque se quedaron algunos puntos que a nuestro criterio si debieron ser parte de los consensos. Esperamos un Veto positivo que respete los consensos en particular las referentes a la autonomía universitaria.
FRENTE A LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO Silvia Salgado Andrade, Presidenta Nacional del Partido Socialista Frente Amplio y Asambleísta Nacional dio a conocer la posición de esta organización política frente al debate y aprobación de la LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO .
La dirigente socialista manifestó: “Ha sido arduo el debate respecto a esta Ley cuyo ámbito y aplicación concierne en normar la actividad laboral de un amplio sector de la sociedad ecuatoriana con el Estado; es decir, a todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público, cuyo contenido jurídico debe estar acorde con los principios constitucionales vigentes.
Es obligación del Estado garantizar un sistema de Recursos Humanos que establezca la normativa de aplicación para todo el sector público tendiente a elevar los niveles de eficiencia, eficacia, calidad y productividad de los servidores públicos en función de la ciudadanía y su desarrollo, así como garantizar a todos los ecuatorianos mecanismos de acceso a la función pública mediante concursos de merecimientos que sean diáfanos y transparentes”.
Silvia Salgado Andrade, concluyó diciendo: “En el cumplimiento de mi función como Asambleísta, desarrollé varias sesiones de trabajo con amplios sectores y dirigentes del sector público, con las centrales sindicales, quienes aportaron sus puntos de vista siempre en defensa de las condiciones de trabajo y la estabilidad de los funcionarios públicos que representan a miles de familias ecuatorianas que tienen derecho a que se legisle en cumplimiento de expresas disposiciones constitucionales como El Derecho al Trabajo, y su estabilidad ”. Por estas consideraciones y en cumplimiento con nuestro compromiso histórico de los Socialistas con la clase trabajadora de nuestra patria, participamos y votamos por la aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público.
MUJERES POR LA SEGURIDAD SOCIAL El Colectivo Socialista y la Asambleísta Silvia Salgado Andrade, presentaron en días pasados a la Asamblea Nacional el “Proyecto de Ley que garantiza la seguridad social a las mujeres que realizan trabajo doméstico no remunerado”, el mismo que pretende visibilizar el mandato constitucional que reconoce este derecho a todas quienes se dedican a actividades de cuidado y labores domésticas en el hogar, sin remuneración. Según la Constitución, es responsabilidad del Estado financiar el aseguramiento señalado, no obstante el proyecto -en cumplimiento de los principios de progresividad y equidad- plantea se inicie con las personas beneficiarias del bono de desarrollo humano, para convertir este subsidio en una política para el ejercicio de un derecho, trasladando parte de sus recursos. Los últimos datos, indican que serían 1´200.000 mujeres las beneficiarias. El Proyecto ha sido socializado a algunas organizaciones de mujeres como el Colectivo Guadalupe Larriva, Colectivo Plaza Grande, Asociación de Mujeres de Carcelén, Mujeres del Seguro Campesino y del Seguro General, REMPE (Red de Mujeres Políticas del Ecuador), entre otras, con quienes se debatieron aspectos conceptuales y mecanismos para ampliar la cobertura de la propuesta. Silvia Salgado convoca a Contralor y Comisión de Auditoria por Frecuencias de Radio y TV.
INFORME DE LA COMISIÓN PARA LA AUDITORIA DE LAS CONCESIONES DE FRECUENCIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN. El informe de la Comisión de Auditoría de frecuencias se encamina a materializar un conjunto de mandatos constitucionales ligados al fin de democratizar el acceso de los ciudadanos, en condiciones equitativas, al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Esta finalidad implicaba la revisión integral de la legalidad, legitimidad y transparencia de las concesiones realizadas desde 1995 hasta la fecha; la identificación de monopolios u oligopolios directos o indirectos en el uso de las frecuencias, y, la determinación de la influencia efectiva de los accionista del sistema financiero en los medios de comunicación. La Constitución define como una de las dimensiones de los derechos de la comunicación, el derecho de acceso al uso de frecuencias, no solo por parte de los medios privados, sino también de los públicos y comunitarios (Art. 16, literal b); establece consecuentemente el deber del Estado de No permitir el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias (Art. 17.3), y la responsabilidad del Estado, de garantizar la asignación de frecuencias del espectro radio eléctrico, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones (Art. 17, num. 1). Lo que implica reconocer que la democratización del acceso a los medios de comunicación es una condición indispensable del ejercicio y goce de los derechos de la comunicación. Consecuentemente, el proyecto de ley de comunicación, debe desarrollar mecanismos que permita la distribución equitativa de las frecuencias entre los medios públicos, privados y comunitarios; y que impidan la concentración monopólica u oligopolica de las frecuencias. Los resultados del informe de la comisión auditora de frecuencias, junto a otros esfuerzos realizados por la Contraloría General del Estado, deben ser recuperados y sometidos a una revisión seria que derive consecuencias, especialmente en la reversión de frecuencias concesionadas de forma ilegal, de forma que el Estado, a través de la nueva legislación que se está gestando, pueda redistribuirlos entre las medios públicos, y especialmente comunitarios.
SOCIALISTAS PLANTEAN ALTERNATIVA PARA EL TEXTO FINAL DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, PARA FACILITAR UNA SALIDA DE CONSENSO Bloque de Asambleístas Socialistas. Régimen de Gobierno del Agua y derechos de participación: El lugar que ocupa la participación social en el régimen de gobierno y gestión del agua, se ve sensiblemente restringida por la propuesta de constituir una autoridad única del agua, que concentre sin mayor diferenciación o especificación funcional, las potestades de rectoría, planificación, regulación, gestión y control. La propuesta de las organizaciones campesinas como la FENOCIN, las JAAPRE, la CNC – EA y otras, plantea la estructuración de una autoridad del agua que conste de varios organismos complementarios, a saber: Un Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, cuya función este alrededor de la construcción de políticas y de la planificación del sector; una Secretaria Nacional del Agua (el actual SENAGUA), cuya función gire alrededor de la ejecución de las políticas dispuestas por el consejo; una contraloría del agua, que ejerza la función de control de las políticas y su ejecución y, finalmente; de los Consejos de Cuenca, Subcuenca y Microcuenca que ejecutarían las acciones propuestas a nivel local. Aprovechamiento Productivo y Económico del Agua: A pesar de que los órdenes de prelación en el uso y aprovechamiento económico del Agua, están claramente especificados en la propuesta de ley; en la que se establece como cuarta prelación al uso económico del agua (luego del agua para consumo humano, el agua para soberanía alimentaria y riego y el agua para caudal ecológico); este orden se revierte, en cuanto que en los artículos que desarrollan las preferencias dentro del uso económico del agua se establece como primera preferencia para el agua encaminada hacia la agroindustria; por encima del turismo ecológico y cultural y la generación de hidroelectricidad. Este nuevo orden de prelación, que otorga una preferencia hacia las actividades destinads hacia la exportación, contradice el informe para primer debate, denota una grave inconsistencia con las líneas generales de desarrollo propuesta en el Plan Nacional para el Buen Vivir, y la propia constitución que en su artículo 283, que define al sistema económico como “Social y Solidario”. El informe de mayoría, parece no percibir que también los pequeños y medianos emprendimientos productivos agrícolas, encaminados hacia el sostenimiento de la soberanía alimentaria, son formas productivas que suponen un uso económico del agua, pero que entran en contradicción profunda con los esquemas agroindustriales exportadores. El esquema de prelación tal como está planteado puede constituirse en una fuente de confrontaciones, si en una sección de la ley se habla de una prelación preferente para los primeros y en otra se privilegia a los segundos. Preservación ambiental integral e integrada del agua: El informe de mayoría refleja una fuerte ambigüedad en relación a la protección ambiental de las fuentes de agua y a la protección de los manglares. El contenido de los textos parecen no poner límites a la actividad camaronera, y abren la oportunidad de expandirse al escaso 30 % de manglares que aun subsisten, en conjunto con las comunidades que los mantienen y preservan. Por otro lado, es de suprema importancia el lograr que las fuentes de agua se preserven, pero también aquí las posiciones de gobierno son ambiguas al proponer una inconsistente preservación de las “zonas de influencia” de estas fuentes, sin definir de ninguna manera clara cuales son y en que extensión se presentarían estas áreas. Los esquemas de manejo y preservación de áreas protegidas, requieren definir de forma mínima, el concepto de “zona de influencia”, que de persistir la ambigüedad del informe de minoría, este concepto podría referirse a preservar 2000 metros alrededor de la fuente como 1 metro a su alrededor.
POSICIÓN SOCIALISTA FRENTE AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE HIDROCARBUROS El proyecto de ley reformatoria a la Ley de Hidrocarburos propone cambios en el régimen de hidrocarburos, enfocándose de forma especial en la reforma de la estructura institucional de regulación, administración y control de las operaciones de exploración, explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos; y en el rediseño de la modalidad contractual de prestación de servicios, tanto en sus aspectos tributarios como en sus aspectos sustanciales, tales como objeto, tarifas, y beneficios para el Estado. Adicionalmente, se introduce una reforma que busca reducir el margen de beneficios de los trabajadores petroleros respecto de las utilidades generadas, liberando con ello recursos que serán canalizados a través de los Gobiernos autónomos descentralizados. En este marco, se debe observar, en primer lugar que, la reforma de la arquitectura institucional, traslada competencias asignadas a PETROECUADOR por la ley vigente, hacia la esfera de la función ejecutiva, quien en armonía con las disposiciones constitucionales le corresponde tanto la rectoría como la ejecución; y, en el caso de la reforma, le competería la adjudicación, suscripción, administración, y control de los contratos petroleros, competencias asignadas en distintas medidas a PETROECUADOR, o al comité especial de licitaciones en su caso. El articulado no parece incluir de forma debida, la condición de excepcionalidad de las delegaciones al sector privado en la gestión de los recursos estratégicos, prescrita en nuestra Constitución en el artículo 316. En rigor, las causales enlistadas para legitimar tal delegación abren un amplio margen de discrecionalidad, lo que pone en riesgo el cumplimiento del mandato de gestión exclusiva del Estado: “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos”; condición que se realiza a través de la constitución de empresas públicas. En dicho marco, además, nuestra Constitución establece un orden de prioridad que es insuficientemente desarrollado en el proyecto de ley, que privilegia la actividad privada. En efecto, nuestra constitución admite la delegación a empresas mixtas, con participación mayoritaria del Estado, y de forma excepcional a empresas privadas y a la economía popular y solidaria. El proyecto de reforma, no modifica el régimen de las empresas mixtas, ni desarrolla las condiciones por las cuales la economía popular y solidaria puede también ser beneficiario del mecanismo de la delegación. Finalmente el cumplimiento del mandato contenido en el artículo 408, segundo inciso que dispone que “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota”, tampoco es desarrollado en el texto del proyecto. Estas consideraciones y otras detalladas en el texto alternativo ,nos permite recomendar se recoja las observaciones que permita cumplir el objetivo de que los recursos petroleros sean recuperados para beneficio del pueblo ecuatoriano. NOTA: Esta ley no fue debatida en la Asamblea Nacional. El Movimiento País no dio quórum y se promulgo por Ministerio de la Ley. La oposición planteo su archivo. Los socialistas propusimos el debate y la aprobación.
CASO LA CONCORDIA : DEFENSOR DEL PUEBLO EN LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN La Presidenta de la Comisión de Fiscalización Silvia Salgado, convocó para el miércoles 11 de agosto, a sesión para conocer los Informes de la Defensoría del Pueblo y del Presidente del Consejo de la Judicatura, en relación a los acontecimientos sucedidos el lunes 19 de julio del 2010 en el Cantón la Concordia. El Dr. Fernando Gutiérrez, Defensor del Pueblo, compareció para informar lo actuado por el Comisionado Omar Mina de la Defensoría del Pueblo de Esmeraldas, por la intervención de la Defensoría ante un supuesto delito flagrante y una orden constitucional de detención dentro de una Instrucción Fiscal. El Defensor del Pueblo fue enfático en afirmar que la Defensoría actúo conforme establece la Constitucíon y la ley es decir en precautela de los derechos humanos frente a los abusos del Estado, y solicitó el trámite de Habeas Corpus sustentado en las denuncias de los ciudadanos detenidos entre ellos un menor de edad. No corresponde a la Defensoría sino a los jueces resolver lo pertinente frente a estas alegaciones, por esto fue la Corte Provincial de Justicia quién resolvió ordenar la libertad de los detenidos y no la Defensoría, aclarando que el proceso legal puede continuar conforme a derecho. La Presidenta de la Comisión, Silvia Salgado, reitero su reconocimiento por la presencia del Defensor del Pueblo y por su convicción de respeto a la Constitución y al Estado de derechos y de justicia, ésta comparecencia aporta a que no exista tergiversación y manipulación de los hechos indicó.
OTAVALO: PREOCUPACIÓN POR PRETENDIDO DESALOJO DE COMUNEROS La Asambleísta socialista y Presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Silvia Salgado, preocupada ante la posibilidad de un desalojo que afectaría los derechos de la Comuna Mocoral Barcelona en su derecho al buen vivir y conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicita a la Sra. Abogada Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra de Medio Ambiente, remita, la siguiente información que se solicita: 1.- Licencia Ambiental 2.-Plan de Manejo 3.-Plan de Remediación Ambiental 4.-Compensaciones a la Comuna 5.-Consulta a Comunidades Se ha puesto en mi conocimiento , la existencia de una queja presentada ante la Defensoría del Pueblo de Imbabura, signada con el número 234-10, proceso en el que se denuncia el acometimiento de aparentes actos atentatorios a los derechos de la Comuna Mocoral Barcelona, acciones que habrían sido perpetradas por la empresa minera “Cevallos Calisto CECAL. Cía., Ltda.”, legalmente representada por su Gerente General, Sr. Diego Calisto, compañía que habría causado daños materiales e inmateriales a dicha comunidad como es la afectación a sus viviendas, su tranquilidad, el normal desarrollo de sus vidas, la contaminación del agua y suelo e inclusive se indica, unilateralmente y arbitrariamente han impedido el libre tránsito de los comuneros, cerrando la vía de acceso a las comunas para así pretender usar ese camino de ingreso, únicamente para intereses privados de la empresa. En función de precautelar la garantía plena de los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades al buen vivir y a la posesión de sus tierras y territorios ancestrales, reconocidas en la Constitución Política, requiere dicha documentación para que el accionar de cualesquier empresa no afecte los derechos de terceros ni de la naturaleza. Dicha información ha sido remitida al Gobernador y a la Defensoría de Imbabura, misma que certifica que NO TIENEN LICENCIA AMBIENTAL, TAMPOCO PLAN DE MANEJO Y REMEDIACION AMBIENTAL.
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BOLETÍN INFORMATIVO SOCIALISTA 